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Se aprueba Ley para que médicos decidan si quieren dar atención a personas LGBT

El Congreso de Nuevo León hace unos días aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud, por propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, propuestas que se relacionan con la objeción de conciencia dando la libertad de decisión para que el personal médico y de enfermería puedan negarse a dar atención con base a los principios éticos y morales que tengan.

Con esta Ley que aprobaron distintos grupos de personas serán afectados como migrantes, personas indígenas, mujeres que solicitan un aborto, personas con VIH y la comunidad LGBTTTI, médicos y enfermeras podrán negar la atención si no están de acuerdo con lo anterior, justificados con el derecho de conciencia, valores éticos y morales con los que cuenten.

La Ley fue aprobada por el Congreso de Nuevo León con 35 votos a favor y 5 en contra, con lo que la fracción lV del articulo 48 de la Ley Estatal de Salud tendría el siguiente cambio:

“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece esta ley”.

Este anexo a la ley es una extensión del derecho humano a la libertad de conciencia, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida.

En el aspecto medico es una obligación prestar servicios de salud , pero enfermeras y doctores están en su derecho de negarse cuando los procedimientos se consideren contrarios a las creencias personales, motivos éticos, morales o religiosos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, mencionando que “dicha regulación debe de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional (…) de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales”.

Esta aprobación genero comentarios de preocupación por parte de organizaciones activistas que trabajan con grupos de ese tipo, donde califican esta decisión como discriminación, lo que podría provocar que se lleguen a violar los derechos humanos de las personas.

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